El BOE del 24 de enero publica la sentencia 177/2019, de 18 de diciembre de 2019, del Tribunal Constitucional, en torno a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respecto de una norma autonómica catalana que derivó en la jubilación forzosa de cinco facultativos cuando disfrutaban de una prórroga de dos años del servicio activo autorizada por el Instituto Catalán de Salud. El Constitucional anula esa decisión señalando que la competencia de jubilación forzosa siempre emana del Estado y no de la administración autonómica. Comentario de Jesús Arroyo en Redacción Médica.